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Instrumentos Ambientales

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Derivado del auge del tema ambiental a nivel mundial, se está generando una conciencia en la preservación de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, que viene acompañado con una serie de regulaciones al efecto. 

Según la normativa guatemalteca es necesario que las sociedades cuyas actividades puedan producir  deterioros a los recursos naturales o al ambiente deben contar con las licencias respectivas y además, deben cumplir con requisitos mínimos de salud, que a continuación se describen. 

INSTRUMENTOS AMBIENTALES 

El instrumento ambiental es el nombre genérico que se le da a la autorización que otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para el desarrollo de obras, proyectos o industrias que tienen impacto en el ambiente.  El impacto en el ambiente o en los recursos naturales, es evaluado por un instrumento ambiental, en el cual se determinan las medidas de mitigación que se deben realizar. 

Según el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, el instrumento ambiental se divide en tres clases: i) predictivos, ii) correctivos y iii) complementarios. 

Los predictivos engloban todos los instrumentos ambientales que se realizan antes del inicio de la obra, proyecto e industria, que según su categoría de impacto pueden ser: 

  1. a) evaluación ambiental inicial 
  1. b) estudio de evaluación de impacto ambiental 
  1. c) evaluación ambiental estratégica 
  1. d) formulario de actividades para registro en los listados 

Los correctivos incluyen todos los instrumentos ambientales que se realizan posteriormente al inicio de la obra: 

  1. a) diagnóstico ambiental 
  1. b) diagnóstico ambiental de bajo impacto 
  1. c) formulario de actividades correctivas para registro 

Los complementarios abarcan todos los instrumentos ambientales que apoyan a los instrumentos ambientales predictivos y correctivos y estos pueden ser: 

  1. a) evaluación de riesgo ambiental 
  1. b) evaluación de impacto social 
  1. c) evaluación de efectos acumulativos 
  1. d) plan de gestión ambiental 

El procedimiento administrativo para la aprobación de un instrumento ambiental es el siguiente: 

  • El proponente ingresa el expediente del instrumento ambiental, cualquiera que sea su naturaleza, ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
  • La Dirección General de Ambiente y de Recursos Naturales emite una resolución aprobatoria donde se especifican todas las medidas de mitigación que el proponente debe cumplir en el proyecto, obra o industria. En esta resolución se establece el monto por el cual se debe afianzar el proyecto, obra o industria. 
  • El proponente paga  la fianza correspondiente al monto indicado en la resolución aprobatoria emitida por la Dirección General de Ambiente y de Recursos Naturales. 
  • El proponente solicita la emisión de la Licencia Ambiental correspondiente y ésta es emitida por la Dirección General de Ambiente y de Recursos Naturales, por un plazo de 3 a 5 años, a solicitud del proponente. 

Es necesario que el proponente cumpla con todos los pasos del procedimiento administrativo relacionado para poder operar o de lo contrario estaría sujeto a la imposición de multas que pueden consistir entre Q. 5,000.00 y Q. 100,000.00 (US$700.00 hasta US$ 14,000.00 aproximadamente) por cada incumplimiento. 

Según la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, toda obra, proyecto, industria o actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables, o no renovables, o al ambiente, debe contar con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales previo a su desarrollo. 

Es decir que, cualquier persona, ya sea individual o jurídica debe obligatoriamente realizar un Estudio de Impacto Ambiental previo a realizar cualquier actividad que genere un detrimento en los recursos naturales.  Si la persona incumple, será sujeta a sanciones consistentes en multas establecidas en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. 

El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental fue aprobado en julio del año 2016 y otorgó el plazo de dos años para que las personas que no cuenten con el Instrumento Ambiental regularicen su situación.  Consecuentemente, en julio de 2018, todas las personas que realicen una obra, proyecto, industria o actividad que pueda dañar los recursos naturales renovables, o no renovables, o al ambiente, deben contar con el Instrumento Ambiental respectivo. Dicho reglamento establece los requisitos que debe cumplir el Estudio de Impacto Ambiental. 

Dado el plazo otorgado para que las personas regularicen el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no está imponiendo multas por no contar con el instrumento ambiental aprobado ni por la presentación del estudio de impacto ambiental correctivo posterior al inicio de operaciones. Las multas se impondrán al vencer el plazo otorgado para regularizar el cumplimiento de tales deberes, y oscilarán entre Q. 5,000.00 y Q. 100,000.001, según la categoría del instrumento ambiental que se debió gestionar de acuerdo con la actividad que se desarrolle y el impacto ambiental que se produzca. 

Eficiencia Energética

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El consumo adecuado o necesario de la energía, es un tipo de medida que se tiene que adoptar en la utilización de dicho recurso, incorporando aparatos eléctricos más eficientes, es decir que consuman menos energía que la media de los aparatos eléctricos obteniendo el mismo resultado; así como hacer uso de espacios con mayor iluminación, para el adecuado aprovechamiento de la luz solar. 

Para la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), los sectores que deben de implementar la eficiencia energética por ser los que mayores gases de efecto invernadero (GEI) son los sectores; Residencial, Industrial, Servicios, Agricultura, Transporte y Energético. 

La importancia de la eficiencia energética se basa en cuatro puntos; 

  1. Mayor consumo de energía debido al crecimiento mundial. 
  1. Incremento del costo de la energía. 
  1. Realidad del cambio climático. 
  1. Ahorro económico a mediano y largo plazo, implementando medidas del consumo adecuado de la energía. 

La eficiencia energética fomenta el consumo de las energías renovables, para lograr un balance en las emisiones producidas, ya que se estima que el crecimiento de la población a nivel mundial aumentará en 1,000 millones para el año 2030 según la Organización de las Naciones Unidas . Sin lugar a dudas, habrá mayor demanda de  energía y por lo tanto mayor generación de emisiones de GEI. De allí, que sea absolutamente necesario que las generaciones futuras incorporen en su forma de vida actividades de eficiencia energética. 

A continuación mencionaremos algunas de las medidas más efectivas para lograr un consumo energético eficiente: 

  1. Mejorar los ambientes de ventilación en la infraestructura. 
  1. Cambiar las lámparas tradicionales por los focos LED o ahorradores. 
  1. Implementar aparatos electrónicos de bajo consumo. 
  1. Realizar un Plan de Eficiencia Energética, para saber el consumo real de los aparatos eléctricos. 
  1. Implementar técnicas solares para el calentamiento del agua. 
  1. Incorporar sistemas de aire acondicionado con mayor eficiencia. 
  1. Promover la eficiencia energética en el alumbrado público, implementando focos ahorradores. 
  1. Promover la implementación de la eficiencia energética en la educación. 

Estas son medidas que se tienen que incorporar para poder lograr la eficiencia energética. Para lograr efectos significativos, es necesario su implementación en todos los sectores y establecer políticas de ahorro de energía para poder alcanzar la sostenibilidad. 

Bonos de Carbono y Estrategia REDD

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El Protocolo de Kyoto (2005) tiene como objetivo obligar a los países desarrollados y en vías de desarrollo a luchar por el cambio climático mediante una acción internacional de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI- que son los responsables por el calentamiento global.   

De esta forma, surgen los famosos “bonos de carbono” considerados un mecanismo internacional de compensar las emisiones de carbono al medio ambiente.   

Estos bonos consideran el derecho a contaminar como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado internacional. La transacción de los bonos de carbono permite mitigar la generación de gases contaminantes.   

Específicamente para el tema forestal en el 2007, se creó la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD+) en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual busca reconocer y proveer incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible, especialmente conservación de los stocks de carbono, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales en los países de desarrollo.   

A nivel gubernamental el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en conjunto con las instituciones que buscan la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y apoyo de la comunidad internacional, buscan crear un marco de políticas, acciones y actividades que permitan la reducción de emisiones promoviendo la conservación y sus sostenibles de los bosques.   

Actualmente en Guatemala, existen proyectos que se dedican a estas acciones tales como Guatecarbon, ubicado en la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera maya en el departamento de El Petén, buscando reducir la deforestación, reduciendo la sedimentación de los ríos, preservando la biodiversidad que se está produciendo por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera.   

Guatecarbon integra la iniciativa privada, inversión extranjera, entidades gubernamentales, asociaciones comunitarias, lo cual es una acción de gran importancia de trabajo interinstitucional para lograr la conservación del medio ambiente y evitar su contaminación.    

Aumentan los deberes de reciclaje para consumidores y empresas en Costa Rica.

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Recientemente entró en vigor la Ley 10031, que modificó la Ley General Para la Gestión Integral Residuos (LGIR), ampliando los deberes de reciclaje de la población en general y de las empresas que produzcan bienes cuyo reciclaje se determine como prioritario. 

Recordemos que según la LGIR, la aplicación del esquema de las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) es obligatorio para toda la población, pues el artículo 43 de la Ley establece que es deber de toda persona o empresa: 

  • Reducir la generación de residuos siempre que sea posible. 
  • Separar los residuos desde su fuente, clasificarlos y entregarlos a un gestor autorizado. En el caso de residuos domésticos, estos deben ser entregados a la Municipalidad, también de forma separada para su valorización. 

Bajo la nueva reforma, estos deberes son reforzados por medio del nuevo artículo 24 que establece que todo residuo potencialmente valorizable debe ser destinado a tal fin. Particularmente, el nuevo texto de la Ley crea la clasificación de “productos prioritarios” y establece que los productores de estos deben garantizar la recolección de los residuos que de ellos se generan, de forma gratuita y sin que la recolección dependa de la compra de otro producto. 

De acuerdo con la Ley, los productos prioritarios son: 

  • a) Aceites lubricantes. 
  • b) Aparatos eléctricos y electrónicos. 
  • c) Baterías. 
  • d) Neumáticos. 
  • e) pilas. 

Por su parte, los consumidores de este tipo de productos tienen el deber de separar los residuos prioritarios de todos los demás y entregarlos en los lugares que hayan designado las municipalidades o sus productores. 

La aplicación práctica de este tipo de deberes supone diversos retos, pero para ello la Ley prevé la posibilidad de adoptar mecanismos económicos como sistemas de depósito y reembolso o esquemas de cobro de servicios de recolección de residuos en base a la generación de cada persona, que pueden servir como incentivos económicos al reciclaje. 

Por último, se debe destacar que la correcta gestión de residuos es de vital importancia para la conservación de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático e incluso la implementación de una economía circular donde se reduzcan los costos de producción de los bienes y servicios al utilizar los residuos como materia prima. 

Estándares de calidad internacional en gestión de seguridad de alimentos: Norma FSSC 22000

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La FSSC 22000 es  un esquema de certificación de Sistema de Gestión en Seguridad Alimentaria reconocido por el GFSI (Global Food Safety Initiative). Pueden obtenerlo las organizaciones que participan en la cadena alimentaria procesando o fabricando productos de origen animal, vegetales perecederos, con una larga vida útil, ingredientes alimenticios como aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, así como materiales para el envasado de alimentos.  

 Categoría de empresas a las que aplica:  

  • Productos perecederos para animales.  
  • Productos perecederos vegetales.  
  • Alimentos procesados y productos con larga vida en temperatura ambiente.  
  • Manufactura (bio)química.  
  • Comida para mascotas.  
  • Manufactura de empaques de alimentos.  

La FSSC 2000 implica un enfoque en la gestión de riesgos de seguridad de alimentos en toda la cadena de suministros, siendo el resultado de la unión del Estándar de Gestión de Seguridad Alimentaria ISO 220000 y la PAS 220 (o ISO/TS 22002-1), el alcance se ha extendido a los envases mediante la inclusión de la nueva especificación técnica PAS 223 (o ISO/TS 22002-4), el programa de prerrequisitos técnicos y de diseño para la inocuidad alimentaria en la fabricación y suministro de envases de alimentos.   

En aplicación de la norma, deben fijarse una serie de Programas Pre Requisitos (PPR), que se describen como condiciones y actividades básicas que son necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria, un ambiente higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales, tomando en consideración lo siguiente:  

  • La construcción y diseño de edificios e instalaciones relacionadas.  
  • Distribución de los locales y del espacio de trabajo.  
  • Suministro de aire, agua, energía y otros servicios.  
  • La eliminación de desechos.  
  • La idoneidad,  limpieza y  mantenimiento de los equipos.   
  • La gestión de materiales adquiridos.  
  • Medidas para la prevención de la contaminación cruzada.  
  • La limpieza y  desinfección.   
  • El control de plagas.   
  • La higiene personal y las instalaciones para empleados.   
  • Reprocesado.  
  • Procedimiento de retirada de producto.  
  • Almacenamiento.  
  • Información/sensibilización de los consumidores.  
  • La defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo.  

La Norma establece un marco de referencia para los requisitos de seguridad alimentaria mediante un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria, la incorporación de Buenas Prácticas, y considera los principios para el análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP).  

 Beneficios de una Certificación FSSC 22000  

  • Cumplimiento de las normas alimentarias internacionales.  
  • Mejora la seguridad alimentaria.  
  • Optimiza la calidad de sus productos y procesos.  
  • Reducción de riesgos de responsabilidad.  
  • Incremento en las oportunidades de mercado internacional.  
  • Protege la marca.  

¿Por qué es importante FSSC 22000 para su organización?  

Una certificación FSSC 22000 demuestra el cumplimiento de los requisitos legales y el compromiso de las empresas para identificar, controlar y gestionar riesgos de seguridad alimentaria, fomentando la confianza con sus aliados comerciales.   

La FSSC 22000 proporciona flexibilidad y al ser una norma basada en la Organización Internacional de Estandarización  (ISO) le permite a la empresa la integración  con otros sistemas de gestión ya implementados dentro de una empresa, tales como ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Gestión Ambiental).  

La importancia de una regencia ambiental

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En el ámbito empresarial, existe una diversidad de obligaciones y requisitos que se deben desarrollar y cumplir, tanto a nivel legal nacional,  internacional, requerimientos internos de la empresa o  de las casas matrices, entre otros.   

Un aspecto que generalmente es el menos atendido por las empresas, es lo relacionado a aspectos ambientales. Por ser un tema desconocido, nuevo, diferente y poco común, los colaboradores, directores o gerentes a cargo, cuentan con una gran cantidad de trabajo, varias áreas y tareas a su cargo o poca experiencia en el tema.   

Este desconocimiento y poca atención, puede generar un descuido e incumplimientos de requisitos legales ambientales por parte de las empresas, generalmente relacionados a plantas de tratamiento de aguas residuales, disposición final de desechos sólidos y peligrosos, manejo de aguas subterráneas, instrumentos ambientales, control de ruido y emisiones, que pueden traer como resultado: multas, suspensiones de licencias, cierres, denuncias administrativas y penales.  

La regencia ambiental se puede definir como la serie de acciones encaminadas a llevar un control, cumplimiento y seguimiento de las obligaciones ambientales por parte de las empresas. La misma debe ser realizada por un experto, con experiencia tanto en tema técnico como legal.  Estas obligaciones ambientales en primer lugar deben ser las establecidas en las leyes ambientales nacionales e internacionales vigentes y las fijadas a lo interno por las empresas para cumplir estándares de calidad o normas de gestión interna.   

De esta cuenta, la regencia ambiental prácticamente se convierte en una muleta o apoyo clave hacia los colaboradores, directores o gerentes in house de las empresas y garantizan de forma efectiva, profesional e integral que la empresa se encuentre en cumplimiento de normas nacionales e internacionales en temas ambientales.  

Programas de Gestión de Prevención de Riesgos en El Salvador

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La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo de El Salvador tiene como fin establecer responsabilidades que garanticen un nivel de protección mínimo de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos propios de su actividad.  Esta ley es a su vez el resultado de la aprobación del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, conocido como el Convenio 155 de la OIT. 

A partir del 28 de abril de 2012, la Ley fue de obligatoria aplicación en todos los lugares de trabajo privados o públicos. Por ello, ninguna Institución Autónoma del sector público puede alegar existencia de un régimen legal especial o preferente sobre este mismo tema. A partir de la fecha indicada, los empleadores han estado obligados a garantizar la protección en concepto de seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales. El ente aplicador de la ley es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo y la Dirección General de Previsión Social. 

Uno de los puntos esenciales de la ley, es que todo empleador deberá contar con un Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, garantizando la participación efectiva de los trabajadores en su formulación e implementación. Así, el artículo 8 de la Ley en referencia, enuncia solo de forma general cual podría ser el contenido del Programa. Esta situación da pie a que  los inspectores de la Dirección General de Trabajo al evaluar la implementación, impongan multas por considerar que el Programa de Gestión se encuentra formulado más no implementado adecuadamente. En virtud de lo anterior se considera importante, desarrollar con la debida precisión los elementos exigibles del Programa de Gestión establecidos en el artículo 8 de la referida ley: 

  1.  
  1. Mecanismos de evaluación periódica del Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales: en este numeral deberá definirse la política, los objetivos, metas, métodos de evaluación como auditorias, indicadores de la gestión, incluir los riesgos psicológicos y sociales particularmente. 
  1. Identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales: en este apartado deberá incluirse mapa de riesgos generales de la empresa, fichas de identificación de riesgos por puestos de trabajo, informes de estudios higiénicos, se debe incluir particularmente los riesgos psicológicos y sociales. 
  1. Registro actualizado de accidentes, enfermedades profesionales y sucesos peligrosos: dentro de este apartado se verificará la existencia de un cuadro de registro de accidentes, de sucesos peligrosos y enfermedades profesionales de manera mensual; ficha de notificación que se presenta al MTPS, reunión de la investigación del accidente, recomendaciones hechas al empleador o empleadora y respuesta al comité, entre otras. Todos los datos deben ser ordenados por sexo. 
  1. Diseño e implementación de su propio plan de emergencia y evacuación: dentro de este apartado será necesario considerar la organización para las emergencias, evaluación de las amenazas internas y externas, mecanismos de comunicación y alerta, equipos y medios para la respuesta, procedimientos de respuesta, plan de capacitación para los brigadistas, calendarización, registro de simulacros y métodos; Plan de evacuación; Mapa o croquis de la empresa que identifique las rutas, salidas de emergencia y puntos de concentración seguros. 
  1. Entrenamiento teórico y práctico, en forma inductora y permanente a los trabajadores sobre sus competencias, técnicas y riesgos específicos de su puesto de trabajo, así como los riesgos ocupacionales generales de la empresa: en este apartado debe incluirse un plan anual de capacitación, lista y temática, evidencias de  asistencia a las capacitaciones, diplomas, fotografías. 
  1. Establecimiento del programa de exámenes médicos y atención de primeros auxilios en el lugar de trabajo: a fin de desarrollar este apartado, será necesario definir que exámenes serán exigibles por puesto de trabajo, su periodicidad y evaluación de resultados. 
  1. Establecimiento de programas complementarios sobre el consumo de alcohol y drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH SIDA, Salud Mental y salud reproductiva: en este apartado se exigen elementos como el lenguaje inclusivo, concientización sobre acoso sexual y  laboral, así como métodos de sensibilización que se pueden realizar a través de charlas, artículos en carteleras, afiches, videos, entre otras, de todo lo cual se exigirá un registro documental o fotográfico. 
  1. Planificación de las actividades y reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional:este requisito deberá contener un Plan de trabajo del comité; reuniones mensuales, capacitaciones que recibirán. 
  1. Formulación de un programa de difusión y promoción de las actividades preventivas en los lugares de trabajo: los Instructivos o señales de prevención que se adopten en la empresa se colocarán en lugares visibles para los trabajadores y trabajadoras, y deberán ser comprensibles. Este elemento debe documentarse con la existencia de  procedimientos seguros de trabajo, verificación de entrega de Equipo de Protección Personal, carteleras; señalización de advertencia, de obligación y de peligro, manuales de seguridad, entre otros es exigible incluir prevención relacionada a riesgos psicológicos y sociales. 
  1. Formulación de programas preventivos, y de sensibilización sobre no violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicológicos y sociales:  estos elementos pueden desarrollarse por medio de técnicas, encuestas,  charlas de sensibilización, entre otros. 

Es importante implementar y desarrollar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos, no solamente para cumplir con una exigencia legal, sino para desarrollar en beneficios de los trabajadores una cultura de prevención. El Programa de Gestión de Prevención de Riesgos, debería ser una herramienta de mejora continua, y como tal deberá evaluarse y actualizarse año con año y tenerse a disposición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

Situación actual de trámites en la obtención de permisos para operar un negocio en Guatemala.

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En Guatemala, para cualquier obra, proyecto o industria es necesario una serie de permisos para operar, entre los cuales podemos mencionar: 

  1. Estudio de Impacto Ambiental, que debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales según lo establecido en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
  1. Licencia Sanitarias emitidas por los Centros de Salud, adscritos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según lo establecido en el Código de Salud; 
  1. Planes de Salud y Seguridad Ocupacional, aprobados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según lo establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 
  1. Plan de Respuesta a Emergencias aprobado por la Coordinadora para la Reducción de Desastres, según lo establecido en la Norma para la Reducción de Desastres número dos-NRD-2. 
  1. Permisos municipales que dependerán de que cada jurisdicción municipal establecer el permiso correspondiente. 
  1. Licencias de hidrocarburos en general, aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas, entre otros. 

En el país se da una situación particular relacionada a la obtención de     permisos ante las instituciones, la cual consiste en que no existe un orden establecido ni información clara para obtener los permisos.  Esto genera un problema para las empresas ya que existe confusión, desinformación, desorden y burocracia gubernamental en el tema. 

En este sentido, el personal encargado de verificar la obtención y cumplimiento de los permisos para operar de una empresa generalmente tiene asignado una serie de tareas administrativas adicionales propias del que hacer de la empresa y esto implica una carga extra de atribuciones que tiene como consecuencia el descuido o falta de atención en el tema de permisos. 

A raíz de la situación que viven los empleados encargados del tema de permisos, es recomendable que se apoyen en empresas que puedan asesorarlos, llevar el control y realizar las gestiones necesarias ante las instituciones públicas para la obtención de los permisos y así garantizar que las empresas estén en cumplimiento para operar. 

Para ello, ZONE ENVIRONMENTAL SERVICES pone a su disposición la experiencia que se cuenta para la tramitación de estos permisos ante las Instituciones Públicas mencionadas, con la finalidad de que las empresas puedan lograr estar en cumplimiento. 

Contar con este servicio, implica un beneficio a las empresas, porque evitan el desgaste y la burocracia ante las instituciones para obtener el permiso, los empleados pueden dedicarse a las tareas asignadas propias de la empresa, y cuentan con personal técnico de apoyo que puede resolver dudas o consultas sobre el requisitos, proceso, costos y tiempo para obtener el permiso.

Digitalización de la Gestión Integral de Residuos.

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Recientemente entró en vigor el Decreto 41525-S “Reglamento para el trámite digital de registros y autorizaciones del ministerio de salud en la gestión integral de residuos en la plataforma SINIGIR”, cuya mayor novedad es ordenar a todas las empresas con establecimiento físico a registrar y mantener actualizado de forma digital un plan de gestión integral de residuos.   

Tanto para la incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Costa Rica debe adaptar su legislación interna a una serie de normas, estándares internacionales y buenas prácticas orientadas a la producción y consumo sostenible. Y es precisamente por ello que se establece un sistema de registro digitalizado que busca hacer mucho más célere y transparente la Gestión Integral de Residuos.  

Los cambios más importantes que impone el nuevo Decreto 41525-S son los siguientes:  

  1. Se establece el deber de registrar y actualizar anualmente los planes de gestión de residuos. Dichos planes son un requisito necesario para la obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento que requiere todo establecimiento de trabajo para operar legalmente, por ello, toda empresa que cuente con una sede física deberá ingresar la información al sistema SINIGIR y actualizarla antes del mes de marzo de cada año.  
  1. Se harán de forma virtual las autorizaciones para importar bienes cuyos residuos sean considerados de manejo especial y los registros de gestores autorizados. Para toda solicitud ante el SINIGIR se verificará de forma automática si la empresa solicitante cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente.  
  1. Adicionalmente para la autorización de importación de bienes de manejo especial, se debe constituir una unidad de cumplimiento, que es un mecanismo para asegurarse  que las empresas importadoras se harán cargo de los residuos especiales que generan los bienes que traen al país. Bajo el nuevo decreto, tales unidades de cumplimiento deben registrarse y reportar sus actividades, también de forma virtual.  
  1. Se establece que todas las solicitudes deberán ser revisadas por el Ministerio de Salud dentro del plazo de 10 días hábiles. En caso de que se determine que la documentación está incompleta, se indicará tal situación al solicitante, que tendrá 10 días hábiles para subsanar cualquier falta. Luego de ello, el Ministerio de Salud contará con 3 días para resolver la solicitud.  
  1. Las Municipalidades, que por Ley deben de contar con un plan de gestión integral de residuos sólidos, ahora deben de registrarlos ante el sistema SINIGIR que maneja el Ministerio de Salud. Esto se trata de una novedad alentadora, pues en la práctica, son pocas las Municipalidades que cuentan con dichos planes y por ello muchas fallan en las gestiones de reciclaje y revalorización de los residuos. Bajo este nuevo esquema, el Ministerio de Salud podrá vigilar que las Municipalidades cumplan con su deber legal de contar con planes de residuos actualizados.  

  

Como vemos, el presente Decreto 41525-S, en aras de conseguir mayor fluidez, transparencia y cumplimiento de la normativa de gestión de residuos, creó una nueva serie de deberes que afectan a la mayoría de empresas en el país; sin embargo, esto no es más que la aplicación de herramientas tecnológicas más eficientes a obligaciones legales que ya existían y son un paso más hacia un esquema de consumo sostenible propio de una economía circular que aprovecha sus residuos para la producción de nuevos bienes y servicios.  

Obligaciones de cumplimiento ambiental de manera anual en El Salvador.

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Las personas, empresas, negocios o instituciones cuyas actividades están sujetas a los requerimientos ambientales, deben anualmente realizar una verificación del cumplimiento ambiental de sus obligaciones la que tendrá como finalidad el recolectar y analizar la información sobre el estado de su cumplimiento, y además permitirá detectar y corregir posibles infracciones a la ley.   

En esta oportunidad analizaremos el Informe de Operación Anual, como parte medular para la Supervisión del Cumplimiento Ambiental en El Salvador. El Art. 9 del Reglamento Especial de Aguas Residuales establece que los titulares deben elaborar y presentar al Ministerio informes operacionales de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de las condiciones de sus vertidos, que reflejen la frecuencia del muestreo y que este formará parte del informe anual de resultado de la aplicación de los Programas de Manejo Ambiental o de Adecuación Ambiental.  

El Informe de Operación Anual (IOA), es el mecanismo de cumplimiento ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por medio del cual las empresas e instituciones que cuentan con el Permiso Ambiental para su obra, actividad o proyecto ya sea en etapa de construcción o funcionamiento, deben reportar anualmente de forma obligatoria cada año durante los tres (3) primeros meses, la situación operacional de su actividad, detallando información clave sobre generación, manejo y disposición de:  

  • Desechos sólidos. 
  • Aguas residuales. 
  • Emisiones atmosféricas. 
  • Uso de materiales y residuos peligrosos. 
  • Consumo de agua y otras materias primas utilizadas en su proceso de producción.  

El Informe Operacional Anual al ser elaborado por la propia empresa o institución provee información mucho más completa sobre el cumplimiento de la empresa o institución que la que se puede obtener mediante las inspecciones periódicas, y su finalidad principal es brindar la información necesaria para realizar un mapeo de la situación ambiental del país y determinar los puntos de mayor problemática, en cuanto a las fuentes fijas contaminantes. Asimismo la información de estos informes constituye una fuente para identificar sectores de la actividad productiva que necesitan mejorar su desempeño ambiental.  

El IOA deberá mostrar la información de desempeño ambiental del año inmediatamente anterior y debe ser complementado con los comprobantes de ejecución de las medidas ambientales y de los análisis de laboratorio del período de estudio.   

El incumplimiento de esta obligación anual se encuentra sancionado en el artículo 87 de la Ley de Medio Ambiente, en el cual se clasifica como Infracciones Graves el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales c) e i) del artículo 86 del mismo cuerpo legal, permitiendo el inicio de un proceso administrativo sancionatorio y la imposición de multas.