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En Costa Rica el equipo de seguridad obligatorio varía de acuerdo con la labor a ejecutar. EComo regla general, el artículo 81 del Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, indica que este debe componerse de:  

• Máscaras o caretas respiratorias: cuando pueda haber emanaciones nocivas para la salud; 
• Gafas y pantallas protectoras: cuando exista el riesgo de proyección de partículas;  

• Gafas y protectores especiales: cuando haya radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas. 
• Cascos: para toda clase de proyecciones violentas o posible caída de materiales pesados; 
• Trajes o equipos especiales: cuando hay peligro para la integridad física del trabajador; 
• Aparatos respiratorios que brinden aire: cuando el trabajo se realice en atmósferas peligrosas; 
• Protectores para los oídos: cuando haya ruido que pudiese causarles daño.  

También existe regulación específica que aplica cuando se trata de construcciones, en cuyo caso debe seguirse el esquema contenido en el Reglamento general de seguridad en construcciones. 

El artículo 89 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo define el Equipo de Protección Personal (EPP por su acrónimo) como “Cualquier equipo, así como complemento o accesorio, destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud”. 

Los EPP obligatorios para desempeñar actividades laborales dependerán en gran medida de la labor a ejecutar por el empleado, para ello el empleador tienen la obligación de: (i) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. (ii) Analizar cada puesto de trabajo para determinar el EEPP idóneo a dicho puesto, tomando en cuenta los riesgos y las partes del cuerpo a protegerse. (iii) Garantizar que los EPP estén en óptimas condiciones de funcionamiento. (iv) Brindar a los trabajadores la capacitación necesaria respecto del uso, cuidado y almacenamiento del EPP. Y (v) Inspeccionar periódicamente y conservar en buenas condiciones el equipo. 

Las principales características que deben cumplir los EPP son: 

1. Proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso – sin suponer por sí mismos ocasionar riesgos adicionales 
2. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador 
3. Adecuarse al trabajador 
4. En el caso de que un trabajador deba utilizar, de forma simultánea, varios EPP, estos deben ser compatibles entre sí y conservar su eficacia respecto del riesgo que busca proteger. 
5. Que cumplan con las normas técnicas de diseño y fabricación 

La seguridad industrial es clave en los negocios, su objetivo principal es minimizar riesgos en la industria. Estos pueden ser externos o internos, los internos, se caracterizan por sucederse dentro de las instalaciones de la empresa. La medida fundamental para prevenir estos riesgos es la protección al trabajador, a través de la adecuada vestimenta. A esto le denominamos equipo de protección personal.  

Los equipos de protección personal o EPP, se adecuan a la labor que realiza cada trabajador y trabajadora, esto va acompañado del monitoreo médico y programa de capacitaciones que complementa la prevención de riesgos. El objetivo de los EPP es evitar lesiones y muertes en colaboradores, además de reducir costos operativos de producción, mejorar la imagen de la empresa y el rendimiento del trabajador con el equipo adecuado que le proporcione las herramientas necesarias para trabajar.  

¿Dónde están regulados los EPP en las empresas? 

En el plan de salud y seguridad ocupacional, así como en el plan de prevención de riesgos y estrategia de prevención autorizados y registrados por el Ministerio de Trabajo. Las normas que obligan su implementación son los Acuerdos Gubernativos 229-2014, 79-220 y 57-2022.  

En Honduras, la prevención de accidentes en el centro de trabajo es considerada prioritaria. La legislación vigente (Artículos 391 y 392 del Código de Trabajo) establece que el empleador está obligado a proporcionar al trabajador en forma gratuita el equipo necesario para el desarrollo de las actividades concernientes al puesto de trabajo. Esta obligación se extiende a los equipos de protección personal y, de hecho, corresponde al empleador el supervisar que los empleados usen los equipos en forma adecuada.  

En el ámbito práctico, corresponde al empleador el informar a los trabajadores en forma adecuada sobre las medidas de prevención de riesgos que existan en el centro de trabajo. Esta información debe abarcar los peligros presentes en su trabajo y cualquier medida que se implemente (según las circunstancias de cada caso) para evitar accidentes laborales, incluyendo, por supuesto, la utilización de equipos de protección personal. Por lo tanto, el uso de equipos de protección personal resulta obligatorio para el trabajador en aquellos puestos de trabajo que por su naturaleza y condiciones así lo requiera. 

La entrega de EPP es una actividad íntimamente vinculada a la Evaluación de los Riesgos Higiénicos Industriales para garantizar la Seguridad del Trabajo, todo EPP, como mínimo, deben cumplir con las siguientes funcionalidades:  

1. Proporcionar protección personal adecuada y eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

1. En caso de riesgos múltiples, que requieran la utilización simultánea de varios equipos de protección personal, estos deberán ser compatibles, manteniendo su eficacia frente a los riesgos correspondientes1. 

A través de la ley de higiene y seguridad del trabajo, en Nicaragua se establece como obligación a los empleadores entregar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección personal específicos, según el riesgo del trabajo que realicen, darles mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo cuando el acceso lo amerite2, sin embargo, esta no es una obligación únicamente a cargo del empleador, sino que en esta misma ley se establece como obligación a cargo de los trabajadores utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empleador, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

Al ser regulada en una ley denominada como de carácter público e interés nacional, el Ministerio del Trabajo, dentro de sus actividades de fiscalización, puede imponer sanciones a las empresas que, como resultado de una inspección de oficio, se verifique que no suministran los equipos de protección personal adecuados a los trabajadores. A través de la citada ley, se puede determinar que la obligatoriedad de suministro de los EPP no está únicamente relacionada a una garantía mínima como trabajadores, sino que se extralimita a la fiscalización del Ministerio del Trabajo en procurar la entrega adecuada y gratuita según cada necesidad de puesto y va más allá, ordenando a las compañías fabricantes a que se inscriban en la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

El 2023 inició con anuncios de cambios regulatorios en materia ambiental que suponen retos y oportunidades para las empresas costarricenses.  En primer lugar, encontramos nuevas iniciativas regulatorias que están buscando reducir el consumo de plástico de un solo uso, imponiendo mayores deberes a los productores y comercializadores de este tipo de productos; como asegurarse que estos cuentan con un porcentaje de material reciclado o incluso formar parte de la cadena de recuperación de dichos productos.  

Otro desafío ambiental importante para las empresas, será la necesidad de mayor transparencia sobre los impactos ambientales de sus productos. Esta tendencia está siendo liderada por la Unión Europea (UE), que ya cuenta con un proyecto de legislación bastante encaminado para asegurarse que los productos agropecuarios importados a la UE no hayan sido productos de deforestación. Por su parte, Comisión de Bolsa de Valores norteamericana, mejor conocida como la SEC, está trabajando en un ambicioso proyecto de regulación para requerir que las empresas que coticen en bolsa pública informen sobre su huella de carbono y la de sus subsidiarias ubicadas en el resto del mundo.  

Como tercer desafío, encontramos la tendencia hacia el aumento de las áreas protegidas y la reducción de las áreas disponibles para actividades económicas. La meta internacional 30×30, que busca que el 30% de la superficie del planeta esté bajo algún esquema de protección de biodiversidad para el 2030, significa que las empresas deben ser más conscientes de las implicaciones ambientales de sus actividades económicas y buscar formas de operar de manera sostenible.  

Sin lugar a dudas la entrada en vigencia en el año 2022 de la Ley General de Recursos Hídricos y su implementación a través de sus reglamentos durante el año 2023, se convertirán en el principal desafío para las empresas en este año nuevo. Esta nueva regulación sin precedentes en nuestro país está impulsando a buscar oportunidades para hacer un uso más consciente del recurso hídrico y como consecuencia una reducción en el consumo del mismo, iniciativas como reutilización y captación de aguas llovidas para aprovechamiento industrial son algunas de las opciones frente a la nueva regulación y la implementación de un canon por aprovechamiento del agua para usos industriales. 

La entrada en funcionamiento de la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA) y la emisión de nueva regulación se suma al reto en el manejo del recurso hídrico, ahora desde el punto de vista de generación de aguas residuales con la entrada en vigencia de los lineamientos generales para descarga de aguas residuales del subsector de agua con fines industriales, agroindustriales, recreativos y otros, estableciendo la obligación de solicitar a la ASA los permisos de vertidos de aguas residuales, continuar con la obligación existente de tratar todas las aguas residuales provenientes de  toda actividad industrial, agroindustrial, recreativa y otros; así como implementar programas de operación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de tratamiento. Esta regulación establece la obligación de fomentar la economía circular del agua, vigilar e impedir que las actividades pongan en peligro o dañen el equilibrio del ecosistema hídrico, implementando programas de prevención de riesgos de derrame y protocolos de actuación ante situación de emergencia.

Cada acción humana impacta en el medio ambiente, cada acto en las empresas también. La conciencia sobre ello hace la diferencia en los negocios y en la sociedad. Para el 2023 en Guatemala hay muchos retos, pero los más destacados vienen de la implementación del Acuerdo Gubernativo número 137-2016 Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental y sus reformas; que determinan la obligación de elaborar un instrumento ambiental predictivo, correctivo o complementario para todos los proyectos, industrias, obras o actividades. Las multas por no tener un estudio de impacto ambiental pueden llegar hasta los Q.100,000.00, alrededor de USD 13,000.00 

De forma simultánea para las empresas es preciso incorporar dentro de la cultura ambiental la implementación del Acuerdo 164-2021 Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos y comunes, el reto para las empresas atraviesa su cultura, al efectuar nuevas prácticas de separación de residuos que involucra un entendimiento de su importancia y constante práctica diaria. Es un ejercicio reflectivo de autodiagnóstico empresarial, que permite evaluar la cantidad de residuos que se generan por la actividad comercial. Este es un desafío, ya que envuelve la transformación en las formas de pensar de nuestros colaboradores. El conocimiento de las normas específicas nacionales es importante ya que la ejecución de la división de desechos se ha hecho de forma empírica, ahora que existe una norma específica es el momento de conocerla y realizarla de forma correcta.

Para Honduras, los principales retos en materia ambiental llevan la urgencia de mantener limpios los principales ríos, lagos y cuerpos de agua en el país, actualmente hay iniciativas de intervención ambiental de lagos como el de Yojoa y el río Michatoya, que requieren prioridad en medidas correctivas y preventivas.  

En ese sentido los retos para las empresas conllevan la responsabilidad del tratamiento de aguas residuales en sus negocios, la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales es clave para la mitigación de contaminación del agua. Las plantas de tratamiento de aguas residuales complementan su función con los estudios de aguas residuales y excretas, el reúso de estas para lograr la sostenibilidad de los sistemas.