Nicaragua ratifica Acuerdo de Escazú
Recientemente, el Gobierno de la República de Nicaragua ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como el Acuerdo de Escazú. Este Acuerdo tiene el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La ratificación de este acuerdo es importante para la República de Nicaragua debido a que permitirá a las personas tener mayor participación en temas ambientales urgentes como vulnerabilidad climática, erosión de los suelos y perdida de la biodiversidad. Sobre este último aspecto, es importante resaltar que Nicaragua es un país sumamente rico en biodiversidad, no obstante, se ha visto afectada por distintos factores antropogénicos.
Según Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) este acuerdo es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Dentro de sus normas se establece que los Estados deberán:
- Garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada,
- Asegurar el derecho a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno,
- Garantizar el acceso a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.